"A lo largo de este reportaje van a descubrir una universidad pública (es decir, la que pagamos todos los españoles) en la que los alumnos tienen que convivir con pintadas de grupos anarquistas y de izquierdas, con restos de alcohol y de tabaco, con la degradación de los edificios... Y, para colmo, el descontrol en el interior de las instalaciones es total. Los estudiantes fuman, no sólo tabaco, en muchas partes de las facultades".
Suele decirse que no hay peor mentira que una verdad a medias. En periodismo este adagio adquiere la categoría de norma. Cuando se presentan unos datos y se ocultan intencionadamente aquellos que no se acomodan a la tesis que uno quiere defender, como ha hecho Intereconomía en este reportaje, no cabe hablar de otra cosa que de propaganda política. Y es que, aunque los problemas que se presentan en la pieza televisiva resultan ciertos, la tendenciosidad y la hipocresía con la que se elabora el mensaje acaba provocando que el denunciante resulte más execrable que lo denunciado.
La degradación de los edificios.
La primera parte del reportaje se centra en presentar el campus de Moncloa como un entorno degradado, presa de pintadas, basura y falta de mantenimiento. "Recuerda más a algún país de la posguerra de los Balcanes que a un inmueble universitario", comenta la voz en off mientras ofrece imágenes de las facultades de Medicina, Derecho o Ciencias de la Información. El narrador no duda en identificar a los culpables del detrimento. Para él son cosa de la izquierda, de grupos de anarco-sindicalistas, comunistas trasnochados y demás fauna progre. Para demostrarlo se enseñan multitud de grafitis con mensajes anticapitalistas, antifascistas o feministas. Ni una sola de las pintadas mostradas pueden achacarse a alguien de derechas, con lo cual se desprende que el vandalismo universitario sólo tiene una ideología. Pero no es así. Intereconomía se cuidó mucho de no sacar carteles y pintadas firmadas por la derecha, a pesar de que no es difícil encontrarlas. El SEU (sindicato estudiantil que funciona como órgano de propaganda de Falange) cuelga carteles y realiza pintadas en las fachadas de las mismas facultades, como lo demuestran estas fotografías de Ciencias de la Información, Derecho y Medicina:
Intereconomía obvia intencionadamente las rúbricas de las extrema derecha, ya que eso le impediría calificar el comportamiento incívico como un patrimonio exclusivo de los progresistas. Al contrario, la cadena acusa a la izquierda y sostiene que estos actos son "sectarios" y "sesgados", atributos que, por otra parte, ellos conocen a la perfección. Evidentemente, la demonización no se iba a limitar a los estudiantes que destrozan las paredes del campus. En un momento del reportaje el presentador apunta que "resulta difícil comprender por qué las autoridades universitarias no han hecho nada para su inmediata limpieza". Quizá, si el redactor hubiese sido diligente y cumpliendo con su deber de informarse, hubiera podido sobrellevar mejor sus dificultades de comprensión acerca del deterioro del campus de Moncloa. Basta con leer habitualmente la prensa para encontrar noticias sobre la difícil situación económica por la que pasan las universidades españolas. Un estado de crisis que se ve agravado en el caso de las madrileñas y, sobre todo, en el de la Complutense, por la drástica reducción del presupuesto que han sufrido a manos de la Comunidad de Madrid. Además la institución que preside Esperanza Aguirre adeuda unos 75 millones de euros a la que rige Carlos Berzosa. Quizá si la musa del pensamiento conservador español pagara lo que debe a la Complutense, esta podría contratar personal para mejorar el aspecto de sus edificios, pero esto es un detalle que Intereconomía prefiere ocultar.
La ley antitabaco.
El segundo foco de escándalo para el canal es el nulo respeto hacia la ley antitabaco que se vive en el interior de las dependencias unviersitarias. Para demostrar que los estudiantes de la Complutense incumplen sistemáticamente la norma, un reportero se introduce en las facultades con una cámara oculta que graba a los universitarios fumando. De nada parecen servir en Intereconomía las recomendaciones deontológicas del periodismo que indican que el uso de cámaras ocultas ha de quedar limitado a situaciones en las que el reportero pueda verse en peligro al tratar de obtener determinadas imágenes o declaraciones. Escondiendo la cámara Intereconomía se ahorra el trámite de pedir permiso para grabar en la Universidad y el incordio de tener que solicitar una entrevista a alumnos o trabajadores, de los cuales se obtiene declaraciones sin su consentimiento. Pero por si esto no fuera suficiente, el propio reportero decide demostrar lo fácil que es fumar en la cafetería de uno de estos centros educativos solicitando a unos alumnos un cigarro y fumándoselo después. Es decir, que para demostrar que una falta se realiza con impunidad, el periodista decide hacerla él mismo. Afortunadamente el motivo de la investigación era el tabaco, porque si el reportaje versara sobre el robo, la pederastia o cualquier otro delito no sabemos hasta dónde hubiera estado dispuesto a llegar.
Resulta curioso -por no decir hipócrita- ver cómo un grupo de comunicación que ha hecho de la resistencia contra la ley antitabaco uno de sus principales caballos de agitación, (como se ve en la siguiente reclamo emplazado en la página web del grupo) se rasgue las vestiduras por el hecho de que se fume en la universidad.
Quizá lo que más le moleste a Gonzalo Bans, el redactor y presentador del reportaje es que los estudiantes fumen cigarrillos en lugar de puros, como hace él (según puede verse en su perfil público de Facebook).
Esta debe ser una de las muchas diferencias que Bans habrá encontrado entre una universidad pública como la Complutense y la Universidad Ramón Llull, centro privado de inspiración cristiana donde él curso la carrera. Es comprensible entender que el choque entre ambos modelos le habrá resultado impactante a este periodista. De su reportaje se desprende al mismo tiempo que en la facultad de Ciencias de la Información no se cuidan las instalaciones y en la Ramón Llull no se enseña ética y deontología periodística. Y tal vez, ni siquiera se imparta Derecho, pues Bans recuerda que la universidad pública la pagamos todos, pero olvida que la televisión, ese medio en el que él trabaja, también es de todos, pues se trata de un servicio público que puede prestarse por empresas privadas en régimen de concesión. Así lo determina la ley 10/1988, y lo enseñan en la gris y sucia facultad de Ciencias de la Información de la Complutense. O él se perdió esa clase cuando lo comentaron en la Ramón Llull o lo más de lo que puede presumir ese centro es de tener unas instalaciones más limpias que las conciencias de algunos de sus licenciados.
