La desfachatez de la UTECA

La Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA) ha vuelto a manifestar su rechazo a las prácticas de lo que denominan como “televisiones públicas” en un comunicado fechado el pasado 3 de febrero y ampliamente difundido en varios informativos de las cadenas que pertenecen a este colectivo (Antena3, Telecinco, Cuatro, LaSexta, Veo y Net TV). Antes de valorar el verdadero y único objetivo de la patronal de la televisión privada -que no es otro que expulsar del mercado publicitario a TVE para acaparar los ingresos de sus anunciantes- resulta interesante comprobar cómo desde este organismo se desprecian de manera tan abyecta los principios que rigen el sistema audiovisual en un Estado de Derecho como el nuestro.
Pese a la maliciosa distinción que se efectúa entre televisiones públicas y privadas, cabe reseñar que el ordenamiento jurídico español consagra la televisión como un servicio público de titularidad estatal. Es decir, todo lo referente a este medio debe estar supeditado al interés público y bajo supervisión del Estado. Para garantizar la pluralidad y evitar los peligros propios de un régimen de monopolio se posibilita la prestación de parte de este servicio a través de concesiones. Ello implica que empresas privadas puedan operar en el sistema audiovisual aunque siempre teniendo en cuenta la obligación de contribuir al bienestar de la sociedad cumpliendo una serie de principios establecidos. Así lo establece la ley 10/1988 cuando cita que la gestión indirecta por parte de las sociedades concesionarias se inspirará en los principios expresados en el artículo 4 de la Ley 4/1980, de 10 de enero, del Estatuto de la Radio y la Televisión. Esta norma, pese a estar hoy derogada por la ley 17/2006 sigue siendo de aplicación en los efectos previstos en la citada ley de Televisión Privada. Por lo tanto, las indicaciones que se recogen a continuación siguen plenamente vigentes. Son las siguientes:

La actividad de los medios de comunicación social del Estado se inspirará en los siguientes principios:

1. La objetividad, veracidad e imparcialidad de las informaciones.
2. La separación entre informaciones y opiniones, la identificación de quienes sustentan estas últimas y su libre expresión, con los limites del apartado cuatro del artículo 20 de la Constitución. 3. El respeto al pluralismo político, religioso, social, cultural y lingüístico.
4. El respeto al honor, la fama, la vida privada de las personas y cuantos derechos y libertades reconoce la Constitución.
5. La protección de la juventud y de la infancia.
6. El respecto de los valores de igualdad recogidos en el artículo 14 de la Constitución.

Basta encender la televisión para asistir, casi en cualquier momento, a un sin fin de violaciones de los principios anteriormente expuestos. Y es que la mayoría de las cadenas privadas decidieron hace tiempo no cumplir la ley. Por si esto resultara poco, encima tienen la desfachatez de erigirse en adalides de la libertad audiovisual aconsejando, cuando no exigiendo, que las televisiones públicas (entiéndase, las de titularidad del Estado y las C.C.A.A.) se financien exclusivamente con recursos públicos (entiéndanse, impuestos) y construyan su parrilla con criterios de servicio público y no comercial (entiéndase programas que no tengan grandes audiencias). Eso es lo que propugnan en su más reciente comunicado, pese a carecer de cualquier legitimidad para solicitar nada a los poderes públicos.

Pues bien, les guste o no a los señores de la UTECA, TVE y los entes autonómicos, tienen los mismos derechos que ellos a participar en el mercado publicitario. Es más, tal vez el debate deba situarse en si debería ser esta su principal fuente de financiación, eliminando la proveniente de los bolsilos de los contribuyentes. De esta manera, todo el dinero de los impuestos que hasta ahora iba a las televisiones, podría destinarse a otras partidas como, por ejemplo, la sanidad o la educación, favoreciendo así el interés general de la sociedad. Evidentemente, a la patronal de las televisiones esto último no le agradaría puesto que por lo único que velan es por sus bolsillos. Por eso no solicitan la privatización de TVE, como hacen otras voces, sino que directamente abogan por una marginación que desemboque posteriormente en desaparición. Esperemos que esto nunca ocurra, por que si no ¿va a ser gente como Paolo Vasile la que vele por el interés público en en un medio tan importante como la televisión?