Pocas palabras se utilizan más demagógicamente que el propio término “demagogia”. Que quien más tenga sea quien más pague en cuestión de impuestos parece algo lógico, pero basta enunciar este principio para que aquel que lo pronuncie sea tachado de demagogo. Parece que demagogia sólo se traduce peyorativamente como un argumento fácil para ganarse el favor del pueblo, como si aquello que gusta mayoritariamente a la “demos” resultara incompatible con que sea justo para el conjunto de la sociedad. Sin embargo, nunca hablamos de ideas oligárquicas, y mira que habría prácticas con las que utilizar tal adjetivo. Sin ir más lejos los esfuerzos que Zapatero ha solicitado a la población son tremendamente oligárquicos, pues la reducción de sueldos al funcionariado, la congelación de las pensiones, y el resto de medidas adoptadas en las últimas fechas para contener el gasto público sólo afectan a las clases medias y bajas, dejando libres de cargas adicionales a las altas.
Aumentar la presión fiscal a los más favorecidos supondría una decisión de justicia social, pero también de eficacia. Teniendo en cuenta que, según estudios, en este país 1.400 personas gestionan una riqueza equivalente al 80% del PIB, sería un suicidio ignorar ese caladero y centrarse solamente en esquilmar el 20% restante. Baste como ejemplo que, según los técnicos de Hacienda, recuperar el impuesto de patrimonio para los que tiene más de 1,5 millones de euros supondría un caudal nuevo para el Estado estimado en 3.637 euros.
Si el gobierno decide mantener a salvo de nuevos gravámenes a las grandes fortunas es muy posible que las clases a las que ya se les ha impuesto un esfuerzo superior se echen a las calles dinamitando la paz social. En cambio, si se decide llevar a cabo una verdadera redistribución de la riqueza existe el riesgo más que probable de que muchos potentados cojan su dinero y se marchen a otro lugar. El gran capital, como las ratas, siempre es el primero en abandonar el barco cuando empieza a zozobrar. Por ello cualquier medida que se tomara en este sentido debería ser adoptada en un marco global para evitar que determinados paraísos fiscales, ya estén en las lejanas Islas Caimán o en las cercanas montañas de Suiza, puedan acoger el dinero medroso que escapa de donde hizo negocio.
Etiquetas: Política
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