Justicia no es venganza


El Partido Popular ha decidido incorporar como asesor para temas de justicia a Juan José Cortés. El padre de la pequeña Mari Luz, sin experiencia legal previa, ofrecerá sus propuestas de cara a la reforma del Código Penal que se está tramitando en el Congreso, con la intención de lograr un endurecimiento y el cumplimiento íntegro de las penas para los culpables de asesinatos como el de su hija.

Resulta totalmente comprensible que el padre de una niña brutalmente asesinada desee el mayor de los castigos posible para el verdugo. Las razones que le mueven a ello se deben más a un natural afán de venganza que a la pretensión de modificar el Código Penal para lograr unas ley más ecuánime. Juan José Cortés ha pasado de afiliado al PSOE a posible candidato por Huelva de UPyD, para finalizar como asesor del PP. Este abrupto viaje por un espectro político tan amplio indica que detrás de las propuestas de Cortés no existe el imprescindible marco ideológico que ha de acompañar a cualquier proposición que afecte a una norma básica de nuestro ordenamiento jurídico. Es a los partidos políticos a los que debe exigírseles la frialdad y la reflexión profunda que requiere un tema tan sensible. Sin embargo, el grupo que dirige Mariano Rajoy demuestra estar dispuesto a guiarse por Cortés para, en un evidente acto de populismo, aprovechar el apoyo de la ciudadanía a las propuestas de una víctima con quien la sociedad está completamente solidarizada. El interés electoralista y la intención de desgastar al Gobierno explican la intención del PP por instaurar ahora figuras como la ‘cadena perpetua revisable’ que ni siquiera se plantearon en los ocho años en que los populares estuvieron en La Moncloa, con una tasa de delincuencia mayor que la actual.

La justicia empezó a ser tal cuando dejó de impartirse por parte de los damnificados y pasó a desempeñarse por poderes imparciales de acuerdo a leyes legítimamente aprobadas por la sociedad. Introducir en el debate sobre la reforma del Código Penal proposiciones nacidas únicamente del dolor propio de la víctima no hace ningún favor a un legislador que debe velar por el bien común y no por satisfacer la sed de venganza particular. Esta postura puede otorgarle importantes réditos electorales a Rajoy, pero también deja al descubierto una alarmante irresponsabilidad impropia de quien quiere gobernar un Estado de Derecho.