Muros de carga


Imagínese un propietario que quiere reformar su piso. La idea incomoda a algunos vecinos que piensan que la obra causará problemas a la estructura del bloque por tocar algunos muros de carga. Tras una reunión de propietarios se da luz verde a la obra. Los vecinos desconformes, convencidos de que la reforma acabará por colapsar el edificio, acuden a los arquitectos municipales para que elaboren un informe sobre los peligros de la obra. Por su parte, el propietario objeto de la polémica advierte que si el resultado del peritaje determina que su deseo no es viable habría que tirar cuantas paredes del edificio se precisen hasta que lo sea.

Ahora no imagine, simplemente recuerde. El tripartito catalán quiso aprobar un nuevo ‘Estatut’. La idea no gustó al PP, que pensó que esa ley causaría problemas a la estructura del Estado al entrar en conflicto con la Constitución. Tras un pleno en el Congreso se dio luz verde al nuevo marco legal. Los populares, creyendo que el ‘Estatut’ acabaría por romper España, decidieron acudir al TC para que elaborara un informe sobre la constitucionalidad de la norma. Por su parte, el tripartito advierte que si la resolución determina que su proyecto no es viable habría que derogar los artículos de la Constitución que fueran necesarios hasta que lo sea.

Los dos casos son similares en tanto que ambos tratan de encajar una estructura menor en otra mayor –supeditando el todo a la parte- antes de saber si es viable hacerlo, pero se diferencian en que para el primer problema existe un mecanismo que impide cautelarmente que se lleve a cabo una acción que pueda contravenir la ley, mientras que para el caso del ‘Estatut’ se carece de una herramienta homóloga. Y es que en España no se puede iniciar legalmente una reforma doméstica sin obtener antes el imprescindible permiso de obras, pero al mismo tiempo, no sólo es que una ley que afecte al funcionamiento básico del Estado pueda aprobarse sin el visto bueno del Constitucional, sino que resulta imposible que el tribunal garante de la carta magna se pronuncie sobre la constitucionalidad de cualquier norma hasta que ésta entre en vigor. Ahora al Estado sólo le queda aguantar el chaparrón y evitar que se produzcan otros similares recuperando el derogado recurso previo de constitucionalidad, un mecanismo indispensable para proteger los muros que sustentan esta casa de todos que llamamos España.